Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel Garcia-Castellón, que no puede justificar el pago de un millón de euros a varias empresas que, según la investigación, habrían desviado el dinero a la caja B del PP. Indra admite que realizó los pagos de las facturas, pero no encuentra ningún tipo de información de los servicios o bienes recibidos a cambio.
Según la información publicada; "Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó a registrar la sede de Indra en abril de 2017 durante la operación Lezo, se centran en los pagos que realizó la compañía a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó a la cotizada 938.247 euros entre 2010 y 2013 (250.750 euros en 2010, 566.497 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013), una cantidad que supuso en ese periodo más del 90% de sus ingresos totales."
Por lo que se desprende, que se han realizado pagos por una formación que no se ha realizado, la propia empresa reconoce que no encuentra ninguna prueba de que realmente existieran los trabajos realizados por la empresa Formaselect abonados mediante las facturas indicadas. En el concepto figura la realización de acciones formativas, para los empleados de Indra que se impartirían en las instalaciones de Indra ("in company"). Pero nadie ha podido confirmar que esas formaciones se celebraran, ni si quiera que alguien de Formaselect se desplazara a Indra para realizar las acciones formativas.
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